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Reforma Constitucion Las Principales Reformas Constitucionales En Chile

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Chile » RM » Universidad de Chile » Ciencias Sociales » Reportajes / Lunes 07 de Enero del año 2008 / 13:26 » 11175 Visitas » Ranking Google » Facebook » Twitter

El Derecho constitucional es una rama del Derecho Político cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado.
De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales   y la regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos, como las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos.
Origen de la Constitución
La Constitución Política de Chile es el cuerpo legal que establece las bases y principios esenciales de la República.


Luego del golpe de estado de 1973, no sólo fue suspendida la Constitución de 1925 sino que, además, se buscó crear una nueva institucionalidad completamente desde cero.
Una comisión, denominada la Comisión Ortúzar, se dio a la tarea de crear una nueva constitución, redactando el proyecto inicial. El Consejo de Estado de Chile discutió e introdujo algunas modificaciones a ese proyecto, tuvieron aquí alguna participación el ex-Presidente Jorge Alessandri  (Presidente del Consejo) y [Enrique Ortúzar.
Con posterioridad a la redacción afinada por esos cuerpos consultivos, la junta de Gobierno de Chile, también le introdujo algunos cambios.  El texto fue en definitiva sometido a la opinión de la ciudadanía mediante el Plebiscito Nacional de 1980, en el que fue aprobado.
Dicho plebiscito ha sido y sigue siendo cuestionado, atendidas las irregularidades formales de su celebración (entre otras cosas, por ejemplo, no existían registros electorales y la oposición se vio impedida de efectuar campaña, al estar restringidas algunas libertades públicas, como la de expresión y reunión). La Constitución entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, aunque extensos sectores de la ciudadanía no reconocieron su validez.


Primeros años
Entre 1981 y 1990 de acuerdo a las disposiciones transitorias fijadas por la misma Constitución, la junta de Gobierno de Chile asume las funciones legislativas y constituyentes. El presidente Augusto Pinochet, asimismo es la única autoridad ejecutiva a nivel nacional. El  Poder Judicial de Chile continuaron ejerciendo sus funciones como venían haciendo desde el inicio de la dictadura. En 1988 se puso en marcha el mecanismo previsto para la sucesión de Pinochet; tras la celebración de un Plebiscito Nacional de 1988, el país decidió la realización de elecciones libres, en 1989 para designar al Presidente de la República y a la mayoría de los miembros del Congreso Nacional.
Luego de que la Concertación ganó las elección presidencial de Chile (1989) elecciones presidenciales], y Patricio Aylwin asumiera como Presidente de Chile en 1990, la Constitución fue reconocida como válida por todos los sectores políticos y sociales de Chile, con la excepción del Partido Comunista de Chile y otros grupos de izquierda extra-parlamentarios
La Constitución dentro de la Transición
La legitimidad de la Constitución es cuestionada ampliamente pero ha sido aceptada como realidad jurídica por los sectores políticos mayoritarios. No obstante, existe una presión constante tanto de los representantes de la Concertación como de la izquierda extra-parlamentaria para realizar numerosas modificaciones, algunas han sido promulgadas con éxito.

Durante los primeros años de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, fue prácticamente imposible algún tipo de reforma sustancial del cuerpo legal debido a la oposición de los sectores de la Alianza por Chile.
En los últimos años, han sido realizadas variadas reformas constitucionales, pero sólo durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos se logró llegar a un consenso para eliminar los últimos enclaves antidemocráticos de su texto original. El 16 de agosto del 2005 Congreso Nacional de Chile,  en su conjunto, reunido como Congreso Pleno, da la última aprobación para la entrada en vigencia de las reformas constitucionales.
El 17 de septiembre del 2005, en una ceremonia especial, fue promulgado por medio de un decreto, el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución, incorporando estas últimas reformas.

Descripción
La Constitución de 1980 está articulada en torno a 15 capítulos.
El primero, llamado Bases de la Institucionalidad, contiene una serie de principios elementales de un Estado de derecho.
Este capítulo resume la filosofía política de la Constitución, en cuanto toca a la relación del hombre con el poder. Así, establece, por ejemplo que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y reconoce la importancia de la familia y del respeto a los derechos fundamentales.
Contiene diversos principios inspiradores de la organización política del Estado: soberanía nacional, democracia representativa, , tendencia a la descentralización, etc.
El valor jurídico de la Constitución es regulado por ella misma: se trata de una norma, por consiguiente su observancia es obligatoria para toda persona, institución o grupo, y evidentemente también para todos los órganos del Estado. El principio de respeto al Estado de derecho se completa mediante los principios de legalidad o juridicidad, en la jerga de algunos académicos- y de responsabilidad del Estado.
El capítulo II, Nacionalidad y ciudadanía, compendio de las reglas tradicionales chilenas sobre la nacionalidad y la ciudadanía.
El capítulo III, en cambio, posee una densidad normativa importante. Se refiere a Los derechos y deberes constitucionales.
El artículo 19, extensa enunciación de los derechos fundamentales reconocidos en Chile, conserva tradiciones ancestrales de la cultura jurídica chilena, la trilogía de valores hispánicos: honra, vida y hacienda, por ejemplo, actualizándolas conforme a las orientaciones actuales del constitucionalismo moderno.
Entre los derechos fundamentales reconocidos se cuentan el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad en la protección de la ley, a la honra, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la propiedad, etc.
Al margen de esta parte dogmática, la Constitución contiene una parte orgánica profusamente detallada, en cuanto concierne al Gobierno , básicamente, el Presidente de la República y sus Ministerios de Estado de Chile ( cap. IV), al Congreso Nacional de Chile ( cap. V) y Poder Judicial (cap. VI).
Numerosos otros órganos son establecidos y regulados por la Constitución: el Ministerio Público de Chile (cap. VI-A), el Tribunal Constitucional de Chile (cap. VII) y el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile y los tribunales electorales regionales (cap. VIII), la Contraloría General de la República de Chile (cap. IX), las Fuerzas Armadas (cap. X), el Consejo de Seguridad Nacional de Chile (cap. XI) o el Banco Central de Chile, dotado de un estatuto autónomo (cap. XII).
Junto con señalar algunas bases de la administración del Estado (art. 38), la Constitución fija la Organización territorial de Chile, es decir a nivel regional, provincial y local (cap. XIII).
 Luego de un capítulo que regula los mecanismos para reformarla (cap. XIV), la Constitución termina con variadas disposiciones transitorias para resolver eventuales problemas puntuales por períodos (más o menos) breves de tiempo, producto de la nueva institucionalidad por ella establecida o por las reformas que ha sufrido.
Como muchos analistas observan, hay una paradoja cierta en esta Constitución. Se trata probablemente del texto más respetuoso de los derechos de las personas que haya conocido la historia institucional chilena; la paradoja reside en que haya sido dictada precisamente por una dictadura militar bajo cuyo gobierno se atropellaron los derechos humanos sin muchos miramientos.
Las críticas más visibles dirigidas en su contra recaen sobre lo que en algún momento se llamó “enclaves autoritarios”. En efecto, aún abrazando principios democráticos, no debe olvidarse que un principio la Constitución obedecía a un modelo de “democracia protegida”. En ese contexto era normal que la propagación de doctrinas que propendieran la lucha de clases, por ejemplo, fuese considerada como un ilícito constitucional.

Sin duda subsisten algunos aspectos heredados de esa concepción política: el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, el peso del Consejo de Seguridad Nacional de Chile y la existencia de senadores por derecho propio y otros designados, que se reputan representar a la Nación del mismo modo que los electos. A ello se suma la definición de un sistema electoral que no asegura en forma absolutamente fiel la representación de todas las sensibilidades ideológicas y ha obligado a forjar grandes bloques políticos en donde las sensibilidades más marginales tienen dificultad para hacerse oír.

Las Reformas a la constitución de 1980
La primera Reforma  fue en 1989, cuando los partidos de la Concertación, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente presentaron un proyecto de reforma nacido de un acuerdo político. Como faltaban meses para la reapertura del Congreso Nacional, fue la Junta Militar la encargada de hacer los cambios al texto tras un plebiscito realizado el 30 de julio de 1989 y que apoyó el proyecto con un 85,7% de aprobación.

En esa oportunidad se hicieron 54 reformas a la Constitución, orientadas principalmente a establecer el pluralismo político, aumentar el número de civiles en el Consejo de Seguridad Nacional, dar mayor relevancia a los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico del país, limitar el poder del Ejecutivo sobre algunas libertades personales y definir en cuatro años el período presidencial de quien resultara electo en los comicios de diciembre de 1989. La segunda vez fue en 1991 con la aprobación de las llamadas "leyes Cumplido", que eliminaron la negativa constitucional de dar indultos y libertades provisionales a procesados por delitos terroristas al transformar ese tipo de ilícitos en delitos comunes.

De allí en adelante hubo otras 15 reformas que trataron temas variados, como la duración del período presidencial, administración comunal, atribuciones del Poder Judicial, procedimientos para reformar la Constitución, etc. La última vez fue con la Ley Nº 19.876,  respecto de la gratuidad de la educación media. Las reformas de 2005

Las reformas constitucionales que ocupan este tema fueron anheladas desde el restablecimiento del Congreso Nacional en 1990, pero la falta del quórum necesario para su aprobación (dos tercios de los miembros en ejercicio de ambas Cámaras) impidió durante años el acuerdo para que una iniciativa tal llegara a concretarse.

En el año 2000 comenzó su tramitación, que fue favorecida por el logro de mayores acuerdos políticos y por un cambio en la conformación de los senadores designados, lo que inclinó la balanza a favor de los opositores al texto original de la Constitución:
Estas reformas, cuyo objetivo era dar un cierre definitivo al período llamado "de transición" tras el gobierno militar, fueron aprobadas por el Congreso Pleno el 16 de agosto de 2005, por 150 votos a favor, tres en contra y una abstención.

El 26 de agosto de 2005, el Diario Oficial publicó la Ley Nº 20.050, que hizo que las reformas entraran en vigencia. Esta ley también autorizó al Presidente de la República para que, en el plazo máximo de un año desde la aprobación de las modificaciones, fijara un texto refundido que integrara la actual Constitución y las reformas, para efectos de fluidez y concordancia, dado el gran número de cambios y de artículos derogados. Finalmente, la promulgación de ese texto refundido se hizo el 17 de septiembre de 2005 y fue publicado en el Diario Oficial como el Decreto Supremo N  100 del 22 de septiembre de 2005
El detalle de las reformas

Estos son los principales cambios hechos a la Constitución a través de sus 58 reformas:

•Reducción del período presidencial de seis a cuatro años sin reelección inmediata.
••Reducción del requisito de edad para ser electo Presidente de la República de 40 a 35 años.
••Se eliminan los senadores designados y vitalicios. A partir del 11 de marzo de 2006 el Senado quedará íntegramente formado por 38 miembros elegidos en forma popular. •Reducción del requisito de edad para ser electo senador de 40 a 35 años.
•Se elimina el requisito de residencia por un mínimo de dos años en una circunscripción para ser elegido senador.
••Aumentan las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Se podrán crear comisiones investigadoras con el voto favorable de 3/5 de los diputados en ejercicio, los informes deberán contener votos de mayoría y minoría (si los hubiere), y se podrá llamar a declarar a Ministros de Estado hasta tres veces en un año calendario con el acuerdo de un tercio de los diputados en ejercicio. Los ministros tendrán obligación de acudir a estos llamados.
••El Presidente de la Cámara de Diputados es incorporado, a continuación del Presidente del Senado y precediendo al Presidente de la Corte Suprema, en la "línea de sucesión" para ejercer las funciones de Presidente de la República en caso de incapacidad de éste.
•Será posible que un parlamentario renuncie a su puesto por razones de salud, las que serán calificadas por el Tribunal Constitucional.
••En caso de vacancia de un parlamentario, su puesto no será ocupado por su compañero de lista en las elecciones, sino que por alguien designado por su partido político. Un diputado también podrá ser nominado para ocupar un puesto de senador. Los independientes no serán reemplazados a menos que integren lista con otros partidos, en cuyo caso deberán designar, en su declaración de candidatura, a un partido de la lista para ejercer la facultad del reemplazo.
••La referencia al sistema electoral binominal se retira de la Constitución. Cualquier cambio que se le quiera hacer tendrá que ser a través de una reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
•Se eliminan los conceptos de "legislatura ordinaria" y "legislatura extraordinaria" para el Congreso Nacional. Ahora hay una legislatura única que dura todo el año.
••La cuenta a la nación del 21 de mayo queda consignada en la Constitución.
••La prohibición para ser candidato a parlamentario (ahora vigente para ministros, intendentes, gobernadores, concejales, miembros del Banco Central y magistrados) se extenderá a subsecretarios, oficiales de las Fuerzas Armadas (incluidos los comandantes en jefe), oficiales de Carabineros (incluido su Director General) y el Director General de la Policía de Investigaciones. Si quieren postular al Congreso, deberán renunciar durante el año previo a la elección (esta disposición entrará en vigencia después de las elecciones de diciembre de 2005).
•La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre tribunales militares en tiempo de guerra.
••El Fiscal Nacional dura ocho años en su cargo en vez de diez y debe dejar su cargo al cumplir 75 años. Para su remoción, la Corte Suprema deberá contar con el voto de la mayoría de los miembros del pleno en ejercicio en vez de 4/7.
••El Contralor General de la República ya no es inamovible y será designado por un período de ocho años.
••Se elimina la función de las Fuerzas Armadas de ser "garantes de la institucionalidad", función que se encarga ahora a todos los órganos del Estado.
•Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros ya no son inamovibles en sus cargos: el Presidente de la República podrá ordenar su retiro. Y ya no necesitará permiso del Consejo de Seguridad Nacional, sino solamente informar al Senado y a la Cámara de Diputados.
••El Consejo de Seguridad Nacional ya no puede auto convocarse, sino que deberá llamarlo únicamente el Presidente de la República. Dicho Consejo tiene ahora una función sólo de asesoría, al eliminarse la facultad de "hacer presente" sus observaciones a órganos públicos.
••El Presidente de la Cámara de Diputados se integra al Consejo de Seguridad Nacional. Además, el Presidente de la República podrá decidir si a una sesión asisten los ministros de Interior, Defensa, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Economía.
•Para declarar estado de asamblea (en caso de guerra externa), el Presidente de la República necesitará el acuerdo del Senado, no el del Consejo de Seguridad Nacional.
••Para declarar el estado de sitio (guerra civil o grave conmoción interna), el Presidente de la República necesitará obligatoriamente el acuerdo del Senado, cuyo plazo de respuesta se reduce de diez a cinco días. Además el plazo de su vigencia se reduce de 90 a 15 días, prorrogables por razones fundadas.
••El estado de emergencia (grave alteración del orden público) podrá ser decretado por el Presidente de la República por 15 días, y las prórrogas serán con acuerdo de las dos Cámaras del Congreso.
•Se consagra, en el artículo 8, el principio de probidad en los actos del Estado.
••El Tribunal Constitucional aumentará su integración de siete a diez miembros. Con la siguiente conformación: tres abogados designados por el Presidente de la República, tres abogados designados por la Corte Suprema de entre sus miembros, dos abogados nombrados directamente por el Senado y otros dos nombrados también por esta Cámara, pero sobre la base de nombres propuestos por la Cámara de Diputados. Las Fuerzas Armadas, a través del COSENA, ya no tendrán injerencia en estos nombramientos.
••El Tribunal Constitucional tendrá la facultad de resolver sobre recursos de inaplicabilidad (hasta ahora facultad sólo de la Corte Suprema) y podrá examinar los autos acordados del máximo tribunal, de la Corte de Apelaciones y del Tribunal Calificador de Elecciones que inciden en materias constitucionales o de leyes orgánicas. Lo que se pretende es que las normas que inciden en las libertades de las personas tengan revisión constitucional.
•Se eliminan todos los artículos transitorios en desuso.
••En causas criminales, no se podrá obligar a un imputado a que declare, bajo juramento, sobre hecho propio ni contra sus parientes.
••Serán chilenos los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero, sin necesidad de mayores requisitos. Por ende, no será necesario que el padre o la madre esté en el extranjero en servicio del Gobierno (como los embajadores) ni que la persona tenga que avecindarse por más de un año en Chile para obtener la nacionalidad.
••Se flexibiliza la cantidad de regiones del país, permitiendo que a través de una ley orgánica constitucional se pueda crear, modificar y suprimir regiones, provincias y comunas. En la actualidad esta facultad esta limitada sólo a las provincias y comunas.

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